Cuatro provincias enfrentan conflictos por mejoras salariales docentes

La lucha de los docentes en la Patagonia no se detiene desde el inicio del año. En cada provincia, las tensiones y demandas son distintas, pero todas enfrentan algún tipo de conflicto. Desde rechazos rotundos a aumentos salariales irrisorios de solo 1%, hasta una resistencia a reformas educativas que ponen en riesgo derechos ganados hace años. Un punto en común para Tierra del Fuego, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz es el ajuste federal que llegó con la asunción de Javier Milei, lo que ha resultado en la caída de la coparticipación y reducciones en los fondos provinciales. Esto ahoga las finanzas locales y obliga a los gobernadores a aplicar sus propios ajustes.

En Ushuaia y Río Grande, en Tierra del Fuego, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEF) no solo rechazó la propuesta de aumento salarial del gobierno de Gustavo Melella, sino que la calificó de “absoluta ofensa”. La oferta consistía en un aumento del 1% mensual acumulativo desde febrero hasta julio de 2026, que en total representaba un incremento de tan solo $11.475 mensuales para los docentes. Esto, acumulado, llegaría a un 9,34% con revisiones trimestrales, sujeto a la disponibilidad financiera de la provincia. Sin embargo, esta propuesta fue considerada insuficiente por los educadores.

Más allá de lo salarial, el conflicto en Tierra del Fuego es más profundo. SUTEF exige que el salario básico docente sea, por lo menos, igual al Salario Mínimo Vital y Móvil, que debería rondar los $2.510.000 según la consultora económica MATE. Este reclamo se basa en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza derechos básicos como alimentación, vivienda y educación. Además, el gobierno provincial tiene deudas con los docentes que van desde el impacto de un 2% no pagado de julio de 2025, hasta un plan de desendeudamiento familiar que lleva reclamándose desde 2020.

La infraestructura escolar es otro punto crítico. A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026, había instituciones cerradas por obras paradas, como la Escuela Especial N° 1 Kayú Chénèn y varios jardines de infantes. SUTEF presentó un proyecto de Ley de Financiamiento Educativo en 2024, pero aún no ha sido tratado en la Legislatura. También se denuncia sobre persecuciones a través de la Fiscalización Sanitaria, que ignora diagnósticos médicos, lo que genera descuentos salariales injustos para los docentes.

Río Negro: grieta en el frente estatal

En Río Negro, la situación es compleja y muestra dos caras. Mientras que la Unión de Trabajadores de la Educación (UnTER) se declara en estado de alerta y movilización, exigiendo la reapertura de la paritaria docente, el gobierno de Alberto Weretilneck logró cerrar acuerdos con ATE en febrero de 2026. Este acuerdo incluyó una compensación por el año 2025 y mejoras en las condiciones laborales, pero eso no garantiza que la situación docente sea la misma.

UnTER rechazó la oferta del gobierno, que proponía un aumento del 5,29% en marzo, un incremento a partir de abril según índices de inflación, y una compensación en dos cuotas, cuando el gremio pedía una sola. La titular del gremio, Laura Ortiz, descalificó la oferta como “no superadora”, afirmando que el conflicto sigue abierto. A pesar de que el gobernador sostiene que los salarios han subido un 250% desde 2024, UnTER señala que la inflación ha sido del 280% en el mismo período, generando así una descomunal pérdida de poder adquisitivo.

La tensión no termina con la educación. Weretilneck enfrenta problemas similares con otros sectores estatales, como los trabajadores de Salud Pública, quienes también han manifestado sus reclamos por condiciones laborales.

Neuquén: La “motosierra educativa”

Neuquén presenta un conflicto que va más allá de lo salarial: se combate una reforma educativa y laboral. La Asociación de Trabajadores de la Educación (ATEN) denuncia que el gobierno de Rolando Figueroa aplica lo que ellos llaman “una motosierra educativa”. Este término se refiere a políticas de recorte y flexibilización que amenazan los derechos de los trabajadores.

Los puntos de conflicto son bien concretos, como la Resolución N° 0137/2026, que reorganiza el Nivel Inicial, permitiendo cerrar salas y cambiar la disponibilidad de docentes sin previa consulta. También se opone a reformas curriculares en la educación media, que consideran un camuflaje de cambios laborales disfrazados de innovaciones educativas.

En Neuquén, el debate salarial se cerró en marzo debido a los ingresos de la industria petrolera, que han permitido una mejor situación económica para la provincia. Sin embargo, la reforma educativa sigue generando descontento y mantiene el clima de enfrentamiento entre docentes y gobierno.

Reclamos en Santa Cruz

Santa Cruz no es ajena a la conflictividad. La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) lleva acumulados 30 días de paro y ha lanzado otra huelga de 72 horas. Sus pedidos van desde cláusulas retroactivas, recomposición salarial, hasta mejoras en la infraestructura escolar. En medio de esto, el gobernador Claudio Vidal ha intentado mantener el diálogo, incluso reemplazando a su ministro de Trabajo.

Mientras tanto, otros gremios, como los judiciales y legislativos, protestan en la Legislatura por una “Emergencia Económica” que podría congelar salarios. Además, la policía provincial también está en disputa por salarios, y sus protestas han escalado a niveles inusuales, llegando incluso a ingresar en la Casa de Gobierno.

Las cuatro provincias enfrentan un denominador común: la caída de recursos federales desde la llegada de Milei al poder. En Patagonia, esto se agudiza por decisiones específicas que afectan a la región, como el recorte de fondos para combatir incendios forestales, dejando a brigadistas sin recursos en medio de situaciones críticas. La ola de conflictos entre los sectores estatales muestra que no hay señales de que la tempestad vaya a amainar pronto.